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Tensión en España: ola de protestas para que liberen al rapero que agravió al rey

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Numerosas ciudades del Estado español –Barcelona, Lleida, Tarragona, Madrid, Valencia, Granada– han ardido estos últimos días. Las manifestaciones están convocadas en apoyo a Pablo Hasel, el rapero catalán puesto en prisión por “apología al terrorismo”.

Hasel se negó a ir voluntariamente a prisión, y junto con estudiantes y activistas de la libertad de expresión se encerró en la rectoría de la Universidad de Lleida obligando a la Policía a violar el recinto universitario, cosa que exteriorizó la represión del Estado español. El objetivo de Hasel se cumplió con creces puesto que no tardó en ser noticia en medios internacionales.

Las primeras manifestaciones se produjeron la noche del martes pasado en Cataluña, horas después de que la Policía se llevara detenido al rapero, de 32 años, para que empezara a cumplir una pena de nueve meses de prisión.

Las protestas fueron violentas e incluso en la ciudad catalana de Vic una comisaria de la Policía autonómica fue asaltada. Las protestas se extendieron el miércoles a Madrid, donde cientos de manifestantes se enfrentaron a la Policía en la céntrica Puerta del Sol.

Después de varias noches de altercados, habría más de 100 detenidos en España. En Barcelona, los encontronazos se recrudecieron después de saberse que una chica de 19 años perdió la visión debido a los disparos de foam efectuados por la Policía. Según los mismos protocolos de la fuerza de seguridad, este tipo de proyectiles nunca deben efectuarse en la parte superior del tronco.

Hasel ingresó en prisión por un delito de enaltecimiento del terrorismo en unos comentarios en Twitter publicados entre 2014 y 2016 que le valieron una condena en 2018.

En ellos calificaba al rey Juan Carlos I de “mafioso” y “ladrón” y acusaba a la Policía de matar y torturar a migrantes y manifestantes. En su caso se ha aplicado la conocida Ley Mordaza que permite a los jueces condenar a artistas por sus letras o a ciudadanos por sus publicaciones en redes.

Esa ley la instauró el Partido Popular en el 2015. El periódico The New York Times la definió como una que “trae los recuerdos de los peores días del régimen de Franco y no procede en una nación democrática”. Tanto Psoe como Podemos prometieron derogar esa ley cuando estaban en la oposición, pero ni Pedro Sánchez –presidente español desde 2018– ni Pablo Iglesias –vicepresidente desde 2020– lo hicieron.

Libertad de expresión

El caso Hasel ha generado un intenso debate sobre la precariedad de la libertad de expresión en España. Amnistía Internacional tachó la pena recibida de “desproporcionada”, y antes de que el rapero ingresara en prisión, unas 200 personalidades, entre ellas el cantante Joan Manuel Serrat, el cineasta Pedro Almodóvar o el actor Javier Bardem firmaron un manifiesto de apoyo.

España tiene –según la ONG Freemuse, una entidad colaboradora de la ONU– el dudoso honor de encabezar el país con mayor número de artistas condenados, más que Irán, China, Egipto, Turquía o Rusia. En el caso de España los artistas condenados lo son por “injurias a la Corona” o “enaltecimiento al terrorismo”.

Huelga decir que la situación de los artistas y cantantes se suma a la prisión de nueve líderes independentistas catalanes por organizar el referéndum autodeterminación de Catalunya en octubre de 2017 y a los más de tres mil ciudadanos catalanes represaliados con penas de prisión y multas. Tal realidad empaña lógicamente la percepción exterior de España como un país democrático; y no sin razón: Hasel ha sido condenado cantar sobre el rey emérito Juan Carlos I las mismas cosas que los medios internacionales publicaron durante muchos años.

Pese a eso, los sucesivos gobiernos españoles históricamente siempre ha efectuado un bloqueo total a cualquier iniciativa en el Parlamento español que pudiera conducir a una investigación de la corrupción real.

El gobierno de izquierdas actual no ha sido menos, y en enero de 2020 votó en contra de investigar el supuesto cobro de comisiones saudíes al rey Juan Carlos I.

Uno sospecha que es precisamente esta inacción, esta defensa institucional y esta aplicación masiva de la Ley Mordaza lo que muy probablemente ha hundido a la corona española para siempre.

Sexta jornada de furia en Barcelona

La capital catalana es el epicentro de las protestas.

Barcelona volvió a ser el epicentro por sexta noche consecutiva de los altercados derivados de las protestas contra la entrada en prisión del rapero Pablo Hasel por los delitos de apología del terrorismo e injurias a la corona de España.

Varios centenares de personas se reunieron en la tarde de ayer en la estación ferroviaria de Sant, la principal de la capital catalana, donde ya había desplegado un fuerte dispositivo policial.

Desde allí los manifestantes se desplazaron rodeados por la Policía hasta las calles del centro de la ciudad, escenario de los primeros enfrentamientos de un grupo de violentos que comenzaron a lanzar objetos, como piedras, bolsas de basura y botellas de vidrio, contra las fuerzas de seguridad.

La protesta había sido convocada bajo el lema “Nos habéis enseñado que ser pacífico es inútil”.

El Ayuntamiento de Barcelona retiró horas antes 108 contenedores de basura para evitar que fueran utilizados como barricadas e incendiados, al igual que ocurrió en las noches anteriores.

Muchos comercios se habían protegido tapiando sus puertas y escaparates para evitar lo sucedido el sábado en los establecimientos del centro de Barcelona, que en muchos casos fueron saqueados.

Las manifestaciones, que comenzaron el pasado martes, han dejado hasta el momento 102 personas detenidas, de las que sólo una ha ingresado en prisión, y 82 policías heridos, casi todos de carácter leve.

Tras los fuerte disturbios y destrozos del sábado por la noche, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, recordó ayer que manifestarse es un derecho, pero que “los altercados no son la solución y no están justificados”, porque únicamente perjudican a los vecinos y a los comercios.

 

*Especial

Contra la Monarquía. Felipe VI, Juan Carlos I y Franco, en un mural. (AP)
Disturbios. Un manifestante arrojando mobiliario urbano, ayer en Barcelona. (AP)
Contra la Monarquía. Felipe VI, Juan Carlos I y Franco, en un mural. (AP)

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Anunciaron los resultados finales en Ecuador: Arauz competirá con Lasso en el balotaje

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Tras dos semanas de alta tensión por denuncias de fraude y operaciones mediáticas y pedidos infructuosos de recuentos, el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador proclamó hoy los resultados oficiales de las elecciones presidenciales y anunció que el ganador, el correísta Andrés Arauz, competirá en el balotaje del 11 de abril con el empresario Guillermo Lasso.

“El Consejo Nacional Electoral ratifica la transparencia del proceso de elecciones generales 2021 y hace un reconocimiento público a la ciudadanía por su activación participación en la jornada de votación”, sostiene el comunicado publicado en sus redes sociales en la madrugada, en la que se anuncia la segunda vuelta presidencial entre el candidato de la coalición Unión por la Esperanza (UNES) y la alianza entre el partido de Lasso CREO y el Partido Social Cristiano del exintendente Jaime Nebot.

Según los resultados oficiales, Arauz quedó primero con 3.033.753 votos (32,72%) y Lasso, segundo, con 1.830.045 sufragios (19,74%). El candidato indigenista Yaku Pérez se ubicó tercero con 1.796.542 votos (19.38%).

En su anuncio, el pleno del CNE también rechazó formalmente el pedido de recuento hecho por el dirigente del partido indígena Pachakutik, Pérez, lo que seguramente significará que ahora se abra un período de impugnaciones ante la Justicia electoral, según dicta la ley local.

Pérez, quien denunció varios intentos de fraude electoral “de la derecha” en los últimos días, había pedido un recuento del 100% de las actas de Guayas, la provincia costera donde se encuentra Guayaquil, el corazón económico del país, y el 50% de otras 16 provincias.

Tras un acuerdo con Lasso, éste había presentado un pedido similar, aunque en vez del 50% de 16 provincias, solo lo pidió en 6.

El CNE también votó en contra de este pedido -al igual de otros de otros partidos minoritarios- y solo aceptó un pedido de revisión de apenas 26 actas en Guayas y Los Rios hecho por el partido indígena Pachakutik.

El primero en reaccionar al anuncio electoral fue Lasso.

“Me dirijo a todos los ecuatorianos que votaron, tengan la plena seguridad de que a través de su voto los he escuchado y entiendo que es necesario acoger propuestas e ideas distintas a las mías, a veces coincidiremos, a veces no, pero conmigo siempre habrá el espacio para tener un dialogo frontal y sincero”, escribió en un comunicado difundido por su campaña a la prensa.

Pero con el anuncio de los resultados electorales la tensión no parece bajar en Ecuador, donde el pedido de “recolección del contenido digital de la base de datos que administra el sistema informático electoral” que hizo la Fiscalía General de Ecuador desató una nueva ola de denuncias.

“Enviamos una alerta al mundo. Buscan retirar el equipo informático para impedir la realización de la segunda vuelta. El pueblo ecuatoriano no permitirá este atentado en contra de su democracia. ¿Por qué han retirado la custodia policial al CNE?”, tuiteó Arauz.

Lasso también consideró el pedido de la fiscalía como “hechos que debería alarmar a todos quienes defienden la democracia en Ecuador” y advirtió: “No es momento de temores, de defender a personas o intereses particulares.”

Ecuador. Andrés Arauz irá a balotaje con Lasso. (AP)

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Pese a la pandemia: los migrantes vuelven al camino

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El primer albergue con el que se topan los migrantes que llegan a México por la selva guatemalteca aloja estos días a unas 150 personas, la mitad de su capacidad, pero lo máximo permitido en pandemia. Otra cantidad similar extiende colchonetas en la capilla de Tenosique cada noche, aunque no con la separación que las medidas contra el coronavirus recomendarían.

“Tenemos un flujo tremendo y no hay capacidad”, asegura Gabriel Romero, el religioso que dirige el albergue de Tenosique, Tabasco, conocido como “La 72”. En lo que va del año, ha atendido a casi 1.500 migrantes frente a los tres mil de todo 2020.

Los migrantes en América –centroamericanos, sudamericanos, caribeños y hasta africanos y asiáticos– que huyen de la violencia y de la guerra han vuelto al camino. Después de un año de parálisis por la pandemia, los expertos prevén que se puedan repetir las cifras récord registradas a finales de 2018 y a principios de 2019, pero con una gran diferencia: la amenaza del Covid-19 continúa.

“Se está incrementando el flujo, y el problema es que hay menos capacidad que antes para atender las necesidades” debido a la pandemia, señala Sergio Martín, responsable de Médicos Sin Fronteras en México, una ONG que atiende a migrantes.

Algunos albergues siguen cerrados por directrices sanitarias locales y la gran mayoría tiene su capacidad y sus servicios limitados para minimizar los contagios. Además, siguen ralentizadas las gestiones para solicitar visas, asilo o cualquier otro trámite y en algunos sitios crece el miedo de la población a infectarse por los migrantes.

“Esta migración no es post-Covid, es una migración en medio de la pandemia, con lo que es todavía más vulnerable”, alerta Rubén Figueroa, activista del colectivo Movimiento Migrante Mesoamericano.

La Patrulla Fronteriza ha interceptado de octubre a enero a más migrantes que en el mismo período de los tres años previos, un aumento que se ha dejado notar en el sur de México y en Panamá desde enero.

Unos salen esperanzados por los cambios en el gobierno estadounidense o alentados por el fin de algunas restricciones fronterizas. Otros, empujados por los efectos de los huracanes que devastaron parte de Centroamérica a fines de 2020 o por el impacto económico de la pandemia.

Olga Rodríguez, de 27 años, lleva un mes caminando desde que salió de Honduras con su esposo y sus cuatro hijos, de entre 8 y 3 años. La casa de este matrimonio de comerciantes callejeros que ya intentó migrar hace dos años se inundó con las tormentas. Intentaron pedir asilo en el sur de México, pero, como les dijeron que el trámite tardaría seis meses, decidieron seguir adelante.

“Los niños ahí aguantaban frío, nos mojábamos y le dije a mi esposo ‘si vamos a estar bajo el frío y la lluvia, caminamos mejor’”, comenta. “La meta de nosotros es llegar a Estados Unidos”.

Qué dice Estados Unidos

La administración de Joe Biden aprobó distintas medidas en favor de los migrantes para revertir muchas de las políticas de Donald Trump. Sin embargo, insiste en que no es el momento de migrar debido a que la frontera no está abierta.

“Espera en tu país o, si estás en México, espera hasta averiguar si puedes cruzar de manera legal”, subrayaba recientemente Roberta Jacobson, asesora de la Casa Blanca.

Los cambios propuestos por Biden tardarán en concretarse y todavía no está claro qué ajustes conllevarán en la región.

México ha dicho que mantendrá su apuesta por una migración “ordenada” que, en la práctica, significa mantener la contención impuesta en la primavera de 2019 tras las amenazas de Trump.

El martes, el Instituto Nacional de Migración informó que desde el 25 de enero había hecho más de 50 redadas junto a las vías del tren al que suelen encaramarse los migrantes y que había detenido a 1.189 personas.

El presidente Andrés Manuel López Obrador alertó días antes a los migrantes de que no se dejen engañar por los traficantes “que pintan el mundo color de rosa” y les prometen que Estados Unidos les abrirá las puertas.

Pero, pese a las advertencias, el flujo aumenta.

En el albergue de Palenque, a 100 kilómetros de Tenosique, tuvieron que reducir la estancia máxima permitida de tres a dos días por la “avalancha” que les llegó en enero. Y en Tapachula, la ciudad más grande de la frontera sur de México, la situación es similar. “Hay más personas solicitando refugio y es evidente el aumento de migrantes en los lugares públicos de la ciudad”, comenta Enrique Vidal Olascoaga, abogado de Fray Matías de Córdova, una ONG que ayuda en muchos de los trámites legales.

Tapachula es el cuello de botella donde hace dos años miles de migrantes centroamericanos, haitianos, venezolanos, cubanos y hasta africanos y asiáticos quedaron varados durante meses, cuando México multiplicó los retenes y se vio desbordado por las solicitudes de visas humanitarias o de tránsito.

Ahora, unos 1.500 migrantes que están en distintos campamentos a lo largo de Panamá aspiran a llegar a esa ciudad, bien para tramitar documentos o como escala para seguir hacia el norte.

“Decidimos arriesgar por el futuro de nuestro hijo”, dijo Natasha Louis, una haitiana de 26 años que llegó a la localidad panameña de San Vicente hace una semana después de caminar por la selva cinco días con su esposo Josué y su hijo John, de 2 años.

Panamá reabrió a finales de enero sus fronteras terrestres, lo que dio lugar al traslado poco a poco a grupos de migrantes hacia Costa Rica. Se desconoce si el resto de los gobiernos hará lo mismo o si todas esas personas cruzarán América Central de forma ilegal. En años pasados, llegaban hasta México en autobuses.

Mientras tanto, en Guatemala vuelven a escucharse rumores de una nueva caravana después de que sus fuerzas de seguridad bloquearon la primera del año y del 14 al 24 de enero devolvieron a Honduras a 4.957 personas.

Justo en esas fechas es cuando los albergues de la frontera sur mejicana recibieron más migrantes, mayoritariamente hondureños.

La mayoría llegó en pequeños grupos que, según el activista Figueroa, quedan a merced de criminales que pueden extorsionarles o hacer con ellos una especie de “tráfico hormiga”.

Los más invisibles pagan a traficantes para que los lleven en tráilers, como el que la Policía de Veracruz localizó el lunes abandonado en la carretera con 233 migrantes en su interior, la mayoría guatemaltecos.

De la misma nacionalidad era la mayor parte de los 19 cadáveres hallados calcinados en un vehículo cerca de la frontera con Texas. Una docena de policías fueron detenidos y acusados de homicidio.

“Prevemos un aumento de la violencia” porque, aunque haya un viraje en Estados Unidos, los migrantes siguen empujados a la clandestinidad, señaló Martín, de Médicos Sin Fronteras.

Un poco más al este del multihomicidio, el padre Francisco Gallardo, director de la Casa del Migrante de Matamoros, vecina que Brownsville, contaba cómo dos familias con dos mujeres embarazadas de ocho meses acababan de cruzar el río Bravo hacia Texas. Según dijo, había organizado todo para poder atenderlas durante el parto, pero “ya tenían su coyote y decidieron arriesgarse”.

“Esto es una cadena”, comenta Edilberto Aguilar, un hondureño de 33 años, mientras camina por el sur mejicano. “Un día llegamos nosotros y mañana llegan otros. Esto nunca se termina”.

 

*Agencia AP

Migrantes hondureños esperan en el puente, el cruce fronterizo legal, que cruza el río Suchiate, en la frontera Guatemala-México. Fue el 20 de enero. (AP)

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