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En video: el momento que un hombre abrió fuego en medio de Retiro

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En el barrio de Retiro de la ciudad de Buenos Aires se vivieron momentos de pánico cuando un hombre comenzó a disparar indiscriminadamente en la mañana del martes. El arma con la que protagonizó el tiroteo había sido robada de un policía minutos antes. 

El incidente quedó grabado por una cámara de seguridad, en el que se puede ver como el agresor abrió fuego e hirió a dos uniformados y dos civiles. Entre ellos, un agente de la policía de la ciudad y una oficial de la federal. El hombre fue identificado como Jonathan Mosqueda, de 31 años, quien vive en situación de calle.

Alrededor de las ocho de la mañana, Mosqueda se acercó a un policía que se encontraba en la intersección de la av. Ramos Mejía y calle 13, en inmediaciones del Barrio 31 y de la estación de tren San Martín. En un forcejeo le sacó el arma, una Bersa calibre 9 milímetros, de la cartuchera y luego le dispara. El agente habría logrado ponerle el seguro a la pistola por lo que el tiro no sale. Mosqueda entonces sale corriendo a la avenida del Libertador. 

El policía inmediatamente pidió apoyo a dos agentes de la nueva Dirección de Intervención Rápida (DIR) de la Policía de la Ciudad y a una oficial de la Policía Federal Argentina, quienes llegaron rápidamente y dieron la voz de alarma. 

A partir de ese momento, la cámara de seguridad registró como el agresor disparó 13 tiros, el cargador entero, hiriendo a los agentes y a dos civiles. Uno de ellos pasaba en bicicleta por el lugar. El mismo Mosqueda recibió varios disparos mientras estaba en el suelo. 

Después, el hombre dejó el arma en el piso, y el oficial a quien se la había sacado se acerca intentando alejarla de una patada. Como no lo logró, el policía desarmado se le tiró encima para neutralizarlo. Inmediatamente fue reducido y detenido. Por una herida en el abdomen Mosqueda fue trasladado al Hospital Fernández,

Fuentes señalaron que los dos policías lesionados recibieron asistencia en el hospital Churruca y en principio se encontraban fuera de peligro.

El episodio es todavía materia de investigación por las autoridades. 

 

Retiro. El hecho sucedió cerca de las 8.30 en Ramos Mejía y calle 13, en inmediaciones del Barrio 31 y de la estación de tren San Martín. (Clarín)

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Tres comisarios presos por el crimen de Blas

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Tres altos comisarios quedaron detenidos este viernes en el marco de la investigación por el “gatillo fácil” que el 6 de agosto último se cobró la vida de Valentino Blas Correas (17).

Se trata del comisario inspector Walter Soria, del comisario inspector Jorge Galleguillo y del comisario Enzo Quiroga, quienes esa madrugada tenían roles clave en el Distrito 3, el área policial de la ciudad de Córdoba en la que se produjo el crimen.

Los tres ya estaban imputados por el delito de omisión de los deberes de funcionario público, pero este viernes, tras el ingreso de nueva prueba, el fiscal José Mana ordenó ampliar la imputación también con el delito de encubrimiento agravado y pidió que los tres quedaran detenidos de manera inmediata.

Entre la noche del miércoles 5 y la madrugada del jueves 6 de agosto último, momento en el que Blas fue asesinado en un control policial apostado en la avenida Vélez Sársfield, frente al instituto Pablo Pizzurno, al sur de la ciudad de Córdoba, a Soria le habían asignado el rol de superior de turno de la Zona Sur. De manera usual, Soria estaba al frente de las unidades especiales de la Policía.

Galleguillo, en tanto, había sido llamado ese día para reforzar el Distrito 3, ya que en las jornadas anteriores se habían registrado graves episodios de inseguridad y de violencia urbana en ese sector.

Quiroga, por su parte, era el jefe de turno de todo el Distrito 3 esa noche.

“La decisión fiscal se basó en la nueva prueba incorporada, en la naturaleza de los delitos atribuidos, en el modus operandi, en sus cargos jerárquicos en la fuerza de seguridad, en el estado de la investigación y en la necesidad ineludible de realización de actos que inevitablemente implican la presencia física de los imputados. A su vez, fue dispuesta con el objeto de asegurar los fines del proceso”, se indicó desde la fiscalía.

Más temprano, a la mañana, el fiscal había dispuesto la excarcelación de cuatro policías imputados. Se trata de los agentes Rodrigo Emanuel Toloza, Leonardo Alejandro Martínez, Leandro Alexis Quevedo y Ezequiel Agustín Vélez, quienes continúan imputados por los presuntos delitos de encubrimiento agravado y falso testimonio.

Quevedo y Vélez están sospechados de haber falseado una denuncia de dos jóvenes motociclistas contra Blas y los amigos que lo acompañaban en el auto Fiat Argo aquella noche, mientras que Toloza y Martínez aseguraron que un testigo civil les había dicho que desde el auto de los jóvenes habían tirado algo “extraño”, lo que coincidió con la maniobra que otros policías implementaron tras el crimen para “plantarles” un arma a los adolescentes.

Desde la fiscalía se agregó que las cuatro excarcelaciones se fijaron porque “no surgen indicios concretos que hagan presumir que los nombrados tratarán de eludir la acción de la Justicia o entorpecer su investigación”.

La causa tiene a 13 policías imputados, ocho de ellos presos. Además de los ya nombrados, el cabo primero Lucas Gómez y el cabo primero Javier Alarcón se encuentran detenidos por los delitos de homicidio calificado agravado y otros cuatro intentos de asesinato; la agente Wanda Esquivel, la oficial ayudante Yamila Martínez y el subcomisario Sergio González, por encubrimiento agravado y omisión de los deberes de funcionario público.

El decimotercer policía imputado es el agente Ezequiel Henot, acusado por lesiones leves agravadas en contra del conductor del Argo, cuando el auto fue frenado aquella madrugada en la esquina de Chacabuco y Corrientes.

En paralelo, hay tres civiles, empleados de la clínica Aconcagua, que están imputados por el delito de abandono de persona, ya que no auxiliaron a Blas cuando sus amigos lo llevaron malherido hasta allí. Se trata de Fernando Casalino, de Guadalupe Moya y de Andrea Mezzaccapo.

Según trascendió, la situación de los tres jefes policiales ahora detenidos se complicó judicialmente luego de que la fiscalía y la Unidad Judicial de Homicidios evaluaran nuevos informes telefónicos y, sobre todo, las más de 40 cámaras que se están analizando en el marco de esta causa.

El domingo pasado,
La Voz reveló
que la policía Wanda Esquivel, imputada en esta causa, había confesado ante la fiscalía cómo fue la cadena de encubrimientos posterior a que Gómez y Alarcón dispararan en contra del Argo.

En su declaración, la agente contó que ella fue quien arrojó el revólver con el que se intentó ensuciar a los adolescentes y que esa arma se la entregó Alarcón luego de una reunión informal entre los policías en proximidades de la escena del crimen.

Y agregó que unos 100 metros más adelante del lugar en el que ella arrojó el arma trucha, ya estaban los móviles de los jefes estacionados. Dijo que allí esperaban el subcomisario Enzo Quiroga, otro que operaba como “Torio” (el comisario inspector Walter Soria) y que segundos después arribó otro comisario inspector, Jorge Galleguillo.

A ellos, dijo esta mujer policía, les contaron qué había sucedido con el Argo y quiénes eran los que habían disparado en contra de aquel vehículo.

Sin embargo, en los registros oficiales y en la frecuencia policial, los jefes policiales demoraron mucho más que lo usual en relatar todo esto, según efectivamente había sucedido.

Las fuentes ahora consultadas agregaron que la causa lejos está de haber terminado con estas nuevas detenciones. Confiaron en que del registro de las cámaras y los celulares, además de los testimonios recolectados, es muy posible que la semana que viene surjan nuevas imputaciones.

Y que se está trabajando en un peritaje médico para establecer responsabilidades tanto en la clínica Aconcagua como en el lugar donde el Argo fue frenado por los policías que le impidieron al conductor llegar hasta el Hospital de Urgencias para intentar salvarle la vida a Blas. De manera sintética, se espera que este estudio responda una pregunta crucial: si a Blas lo atendían en ese momento en la Aconcagua o si lo dejaban llegar al Urgencias, ¿hoy estaría vivo?

Marcas. Tres de los cinco balazos, de media altura hacia arriba.
Blas Correas (17). La Justicia investiga el asesinato del joven.
Imagen ilustrativa.
Marcas. Tres de los cinco balazos, de media altura hacia arriba.
Blas Correas (17). La Justicia investiga el asesinato del joven.

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El Senado aprobó el proyecto para designar al procurador sin el voto de los dos tercios de la Cámara

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El Senado finalmente cumplió este viernes la voluntad política del kirchnerismo más duro: le dio media sanción al proyecto de modificación de la ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal (MPF) para que sea más fácil designar a su conductor, el procurador general de la Nación, porque eliminan los dos tercios requeridos por la actual ley e instaura la mayoría absoluta de esa cámara. Justamente, el Frente de Todos (FDT) tiene de sobra la cantidad de votos para tal nombramiento.

Sin embargo, la ley ahora deberá ser debatida en la Cámara de Diputados, y ahí sí que el oficialismo no tiene el número para convalidarla: según pudo averiguar La Voz, al rechazo firme de Juntos por el Cambio (JPC) se le sumaría también el del peronismo no kirchnerista y otros bloques provinciales, a los que el FDT suele echar mano para aprobar las leyes, porque en esa cámara no tiene mayoría propia como en la que conduce Cristina Fernández de Kirchner.

De manera tal que, al igual que con la ley de reordenamiento de los tribunales federales, que obtuvo la media sanción del Senado, también la reforma del MPF podría quedar trabada en la cámara que preside Sergio Massa.

En el medio, el MPF está conducido desde el 31 de diciembre de 2017 —cuando se consumó la renuncia de Alejandra Gils Carbó— por Eduardo Casal, procurador interino al que el kirchnerismo detesta y quiere echar del cargo a como dé lugar.

Y está en el limbo la postulación de Daniel Rafecas: el presidente Alberto Fernández lo propuso para el cargo en diciembre del año pasado, sin que en el Senado hubiera avances, porque JPC y el interbloque Parlamentario Federal, que preside el salteño Juan Carlos Romero, se pusieron firmes en su posición de no apoyar tal postulación.

Hace unas semanas, Elisa Carrió, fundadora de Cambiemos y exdiputada, salió a apoyar la postulación de Rafecas, pero la líder de la Coalición Cívica no solamente no tiene senadores sino que tampoco tiene predicamento en la oposición del Senado.

De modo que la suerte de la conducción del MPF está en un laberinto del que por ahora no hay salida; únicamente el avance de este viernes, a instancias del kirchnerismo y su mayoría invencible del Senado pero sin los dos tercios.

Qué pasó en la sesión

Los senadores cambiemistas fustigaron el proyecto de ley, que es un engendro diseñado solamente el FDT y que toma letra de iniciativas ya presentadas por el radical Martín Lousteau, la neuquina Lucila Crexell (del interbloque de Romero) y el rionegrino Alberto Weretilneck, que no integra la bancada oficialista pero es aliado.

Los oficialistas, por supuesto, lo defendieron con uñas y dientes y aprovecharon para criticar al gobierno de Mauricio Macri.

La votación terminó 42 afirmativos a 27 negativos.

El punto saliente del proyecto es que flexibiliza la mayoría para designar al jefe de los fiscales federales, potestad exclusiva del Senado, llevándola a la mitad más uno de la cámara, es decir 37 sobre 72 senadores, en lugar de 48, que son los dos tercios (aunque en realidad se trata de los dos tercios de los presentes; que de cualquier manera el oficialismo no los tendría por el rechazo de cuajo de la oposición a Rafecas).

Los otros aspectos importantes del proyecto son la duración del mandato, que deja de ser vitalicio para pasar a ser de cinco años, con la posibilidad de una única prórroga por otros cinco años más, y que no podrá ser postulado ni designado en los años en que se elija presidente de la Nación.

Además, al momento de su nombramiento, el procurador no podrá superar los 75 años de edad y se establece un extraño mecanismo de remoción que le pone fin al juicio político por mal desempeño y permite la posibilidad de que el procurador pueda quedar suspendido en el cargo a pedido de un diputado, votado por la mayoría absoluta de esa cámara.

El cordobés Ernesto Martínez (Frente Cívico-PRO) dijo que el oficialismo “presenta un esquema faccioso” de organización del MPF y que “abandonó sus propias leyes de 2015”. Recordó que Nicolás Becerra “fue acordado” por el Senado “sin ningún inconveniente”; que “Esteban Righi pasó por sus propios pergaminos”; que “Alejandra Gils Carbó” fue elegida “por unanimidad, luego de un candidato que no pasó” el filtro, en alusión a Daniel Reposo; y que “no hubo acuerdo para la candidata propuesta por el presidente Macri”, Inés Weinberg de Roca, y que ahora tampoco “hay acuerdo para Daniel Rafecas”. “Entonces, como la oposición no se disgrega ni se vende, les hace falta un procurador afín, con el acuerdo de la mayoría absoluta del Senado”, dijo.

Martínez vaticinó que “acciones de amparo y violación al debido proceso legal” y que “todo terminará empantanado en la Corte Suprema de Justicia”.

A su turno, la cordobesa Laura Rodríguez Machado (PRO) señaló que “es vox populi que a Rafecas lo estaría poniendo Alberto, que a Cristina no le gusta y que va a poner otro”. El salteño Romero, después, dijo que el kirchnerismo pretende “convertir en una suya oficina más a la Procuración, logrando objetivos de impunidad”.

“Para el oficialismo la Justicia buena es la que le da la razón y la Justicia que no le da la razón es la que busca el lawfare. Ganaron las elecciones, tienen el número y hacen lo que quieren”, dijo el senador opositor.

Por el oficialismo, la mendocina Anabel Fernández Sagasti argumentó que el objetivo de la iniciativa es “normalizar una situación que actualmente atraviesa el MPF, donde el que preside este órgano [Casal] ha sido designado de manera interina desde 2017”. “Algo que es excepcional se ha vuelto permanente”, dijo la camporista.

Señaló también que el proyecto constituye “una herramienta para agilizar el sistema de justicia”. “Y digo esto porque entiendo que debemos tener un procurador tanto del MPF como de la Defensa que no sean vitalicios, que se aggiornen a los tiempos que está viviendo la humanidad”, aseveró.

Antes, otro camporista, el rionegrino Martín Doñate, se había despachado duramente en contra de Casal y manifestó: “No vamos a aceptar un gobierno de fiscales y jueces. ¿De qué principio constitucional se amarran quienes dicen que nadie puede controlar a los fiscales en nuestro país? ¿Por qué no podemos controlar a los fiscales?”.

Senado. El oficialismo aprobó la iniciativa con 42 votos a favor y 27 en contra. (La Voz / Archivo)

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